Los/as trabajadores/as del equipo de Restitución de Derechos, no desconocemos todos los avances que en materia de política de niñez se han producido en la actual gestión. No lo desconocemos, ni lo negamos.
Ahora bien, resaltar que se ha avanzado, incluso que se ha avanzado mucho, no debería ser usado como argumento para invisibilizar lo que aún continúa pendiente, ni aquellos factores que impactan negativamente en la implementación de las políticas de promoción y protección de derechos de niños/as y adolescentes, salvo, claro, que exista un compromiso mayor con las autoridades que con las políticas mismas.
Y entendemos que la promoción y protección de derechos de los/as niños/as está relacionado con los derechos de los/as trabajadores/as, porque somos nosotros los que día a día trabajamos cara a cara con los/as niños/as y sus familias, y el estar exceptuados de derechos laborales tan básicos como la estabilidad (entre otros), repercute directamente sobre la calidad del servicio que nosotros, como trabajadores/as, podemos prestar. Y existe sobrada producción teórica al respecto. Por mencionar un ejemplo, como es sabido, entre las principales causas del burn-out, se encuentran aspectos organizacionales/institucionales tales como falta de seguridad económica (estabilidad y adecuación de las remuneraciones) y la necesidad de dedicación full-time para la resolución de situaciones complejas (dedicación que nunca está contemplada dentro de la retribución); mientras que entre sus consecuencias directas se halla la dificultad para desarrollar adecuadamente las actividades laborales.
En el mismo sentido se expresa un informe elaborado por la OMS en el año 2000 donde resalta que los trabajadores son el recurso más importante que tiene el sistema de salud para lograr su eficacia, y recomienda invertir en el mantenimiento de los recursos humanos, puesto que estos son vitales para el buen funcionamiento del sistema y para conseguir que éste ofrezca una buena calidad de servicio. Por supuesto, que esto es extensible a todos los organismos y, principalmente, a aquellos que trabajan con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.
Por lo tanto, que nuestras acciones se constituyan en herramientas para que se efectivice el acceso de los niños a lo que les corresponde, depende directamente de todos aquellos aspectos que configuran nuestro ámbito y condiciones laborales. Negar esta relación, o considerarla una confusión con conflictos de adultos, es sencillamente tendencioso, puesto que damos por descontado que Graciela Soler, Javier Moro, María Ana Monzani, Mario Zerbino y Adriana Jou no pueden desconocer que ambas cuestiones se encuentran íntimamente vinculadas, ni toda la bibliografía existente que señala tal relación.
Asimismo, si la precarización laboral de los/as trabajadores/as del área de niñez impacta negativamente sobre las acciones que nosotros podamos implementar para contribuir al acceso a derechos de los/as niños/as, ¿se puede sostener que llevar adelante reivindicaciones por los derechos de los unos y los otros (ya que se encuentran íntimamente relacionados) significa no reconocer a los niños como sujetos de derechos y, por ende, cosificarlos? Cierto que no. Pero lamentablemente, constatamos una vez más, la profunda disonancia existente entre lo real y lo discursivo: “no se puede dejar de atender las situaciones de vulneración de derechos de los niños/as” asociado a bajo presupuesto, y a las peores condiciones laborales. ¿Es que se puede sostener que se le asigna prioridad a la política de niñez, si quienes la implementamos somos trabajadores precarizados, exceptuados de derechos fundamentales? Cierto que no, puesto que ni Ruth Kochen, ni Valeria Isla pueden implementar ninguna política solas, sin trabajadores, salvo que se crea que son, no sólo irremplazables e imprescindibles, sino también, omnipotentes. Y nosotros, sabemos que no.
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