Después de dos audiencias, el martes 7 se cerró el proceso de conciliación en la Delegación Regional Quilmes del Ministerio de Trabajo, sin que se lograra un acuerdo entre los representantes legales del Municipio y la Subsecretaría, y los trabajadores ytrabajadoras de la institución.
Con el mismo discurso que sostuvimos desde que se inició el
conflicto, ratificamos en el Ministerio que los despidos respondían a una clara
persecución política hacia quienes expresaban reclamos laborales, pusimos de
manifiesto los habituales maltratos de la Subsecretaria, Ruth Kochen, hacia los
profesionales del área, y afirmamos que la restructuración implica, en
realidad, el inicio del desmantelamiento de la institución.
Asimismo, les solicitamos a las abogadas que aclararan qué
criterios se habían tomado en cuenta para calificar el trabajo de los ocho
despedidos, debido a las múltiples declaraciones a la prensa de la Secretaria
Valeria Isla, en las que argumentaba la decisión en base a un supuesto mal
desempeño de los compañeros cesanteados.
Estado de excepción
Las respuestas de la representante legal y técnica de la
Municipalidad, Silvina Lima, y de la abogada de la Subsecretaría, Pamela Cao,
clarificaron la forma en la que, desde la intendencia de Quilmes, se concibe a
los trabajadores.
Señalaron, las letradas, que como nos afiliamos a ATE
después de los despidos, el argumento de la persecución sindical carece de “sustento jurídico”. Incluso una
abogada, apegada a la fría letra de la ley e ignorante de los siglos de
historia de conflictos laborales, sabe que los trabajadores pueden reclamar que
se respeten sus derechos y responder a los maltratos de un superior aun desde
antes de afiliarse a un sindicato. Si la consecuencia es el despido de quienes
expresaron esos reclamos, ¿cómo debería entenderse el castigo, si no es como
una persecución y un intento de disciplinamiento hacia el conjunto de los
trabajadores?
Las abogadas del Municipio afirmaron, también, que por el
tipo de contratos que tenemos –por integrar la planta temporaria– estamos
inscriptos en un régimen de excepción.
Que no contamos, en consecuencia, con los derechos básicos que tiene cualquier
trabajador, como hacer asambleas en horario laboral o efectuar un paro.
Más aún –en el lenguaje
técnico de las funcionarias–, la situación
estatutaria de los trabajadores temporarios no impide que la Intendencia haga
uso de sus facultades en torno a la remoción
de los trabajadores que, por integrar la planta temporaria, no tienen derecho a la estabilidad.
Los argumentos referidos constan formalmente en un escrito
ingresado por las abogadas del Municipio en la última audiencia (que difundimos
con el comunicado). Cuando la Secretaria de Conciliación del Ministerio les
informó a las doctoras que los trabajadores íbamos a disponer de una copia, le
preguntamos si podíamos hacer público el texto. Después de oír que nos
contestaba que sí, la representante legal y técnica del Municipio, Silvina
Lima, se paró y tironeó del papel con la funcionaria, mientras decía que cómo
podía ser, y que entonces no iba a ingresarlo.
Hacer uso de sus
facultades en torno a la remoción de
los trabajadores que carecen de
estabilidad, según se desprende de otros dichos de las abogadas del
Municipio, no es otra cosa que la posibilidad de efectuar despidos sin causa
alguna, de manera discrecional y arbitraria. Aún bajo la suposición de que
realmente sea una facultad legal –hipótesis que se discutirá en la justicia–, cuesta
comprender cómo funcionarios que se dicen progresistas echan mano, sin
sonrojarse, a las posibilidades que les ofrece un sistema de contratación que decían
combatir.
Los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría queremos
dejar constancia de que, cuando la gestión de Francisco Gutiérrez sostiene que
los trabajadores no tenemos derecho a la estabilidad laboral, no solo afecta
nuestras condiciones laborales. Al exceptuarnos de nuestros derechos, desatiende
los derechos de niños, niñas y adolescentes que padecen situaciones de
vulneración. Las situaciones con que trabajamos precisan del paciente apuntalamiento
de un vínculo afectivo con las familias. La constante rotación de profesionales
hace que dicho vínculo se pierda, cada vez, yendo en detrimento de los derechos
y garantías consagrados. Es así el propio Municipio quien desprotege los derechos
de pibas y pibas de Quilmes, no atendiendo a las condiciones de aplicación de
la política de Infancia.
Mentiras soberanas
Desde que se inició el conflicto, la Secretaria Valeria Isla
afirmó por diferentes medios de comunicación que los despidos se debían al mal
desempeño de los trabajadores. El Intendente Francisco Gutiérrez también se
refirió al tema. Según publicaron diferentes diarios de Quilmes, declaró que no
se trataba de despidos sino del fin de los contratos de los compañeros
cesanteados.
En el Ministerio de Trabajo, sin embargo, las representantes
legales del Municipio reconocieron que los ocho trabajadores fueron despedidos
–algo que de todas formas el Intendente sabía: unos días
antes, él mismo había firmado la prolongación de los contratos hasta fin de año–,
y no hicieron referencia alguna al mal desempeño. Cuando les pedimos
explicaciones por las declaraciones de Valeria Isla, tanto la representante
legal y técnica de la Municipalidad, Silvina Lima, como la abogada de la
Subsecretaría, Pamela Cao, afirmaron “desconocer”
los dichos de la Secretaria.
Era el Ministerio de Trabajo –más que la prensa– el ámbito
donde afirmar y probar las deficiencias de los trabajadores en el cumplimiento
de sus funciones, si es que se trataba de la causa real de los despidos. Como
no lo hicieron, le solicitamos a Valeria Isla que rectifique públicamente sus
declaraciones acerca del desempeño de los compañeros y las compañeras, con la
misma insistencia con la que desde hace semanas se dedica a injuriarlos.
De la misma manera, le pedimos a la Subsecretaria Ruth Kochen,
quien en múltiples ocasiones sostuvo que no toleraba la mentira, que desmienta públicamente
las injurias de la Secretaria sobre el trabajo de los compañeros despedidos, de
quienes conoce muy bien el compromiso con el que desempeñaron sus funciones.
Exigimos:
·La inmediata reincorporación de los ocho compañeros despedidos.
·Su permanencia en el lugar de trabajo para el cual fueron contratados.
·Garantía de continuidad laboral de todos los compañeros y compañeras de la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
·Implementación efectiva de la Ley Provincial 13.298.
Contacto y adhesiones: trabajadorxsderestitucion@gmail.com
Blog: www.trabajadorxsderestitucion.blogspot.com.ar
FB: /trabajadorxs.restitucion
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